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Comunicació, 09/06/2008
Els Estats Membres de l' Unió Europea van arrivar a un acord entorn al contingut de la cridada Directiva de Retorn
UGT considera que l' acord europeu sobre la Directiva de Retorn és lesiu per els drets de les persones
UGT veu amb preocupació que el Parlament Europeo finalment pugui avalar aquesta directiva
   

UGT considera que el acuerdo europeo sobre la Directiva de Retorno representa un primer mal paso hacia la política europea migratoria común. La propuesta, que aún tiene que ser aprobada por el Parlamento Europeo,  deja sin resolver lo que ocurre con una persona que, tras el periodo máximo de internamiento no es identificada y, por lo tanto, no puede ser expulsada. Para el sindicato, se ha pretendido mandar un mensaje de eficacia ante la opinión pública europea, reiterando la culpabilización de los inmigrantes y eludiendo el efecto llamada que supone para la inmigración irregular la economía sumergida y aquellos que se lucran a costa de los extranjeros no comunitarios sin autorización. UGT ve con preocupación que el Parlamento Europeo finalmente pueda avalar esta directiva que es lesiva para los derechos de las personas ya que para defender y fomentar la migración regular no es necesario instaurar un régimen dudosamente compatible con el respeto a los derechos humanos.

Los Estados Miembros de la Unión Europea llegaron ayer a un acuerdo en torno al contenido de la llamada Directiva de Retorno. La propuesta aún tiene que ser aprobada en el Parlamento, pero este paso hacia una política migratoria común, no puede ser calificado como positivo. Es indicativo del camino que quiere recorrerse en esta política común, que el obstáculo que impidió un anterior Acuerdo, en el Comité de representantes del Consejo, fuera el coste que supondría proporcionar asistencia jurídica a las personas con una orden de expulsión. La inmigración, si hemos de tener en cuenta tanto el ejemplo de esta Directiva como otras propuestas en materia de migración laboral, se valora, para Europa, en función del beneficio económico con el mínimo coste. Propuestas como la del Gobierno italiano sobre la tipificación de la inmigración irregular como un delito, el anunciado Plan de Inmigración para la Presidencia francesa, donde no se habla de derechos e igualdad sino sólo de obligaciones, son el reflejo de un política defensiva frente a la inmigración, donde los inmigrantes, aunque sean regulares, siguen sin ser considerados parte de la sociedad europea.

UGT siempre se ha manifestado a favor de la migración regular. Y somos consecuentes con lo que esto implica. Pero en una materia tan delicada como el trato a los extranjeros en situación administrativa irregular y los procedimientos para su expulsión del país, hay principios que no debemos olvidar. En primer lugar el debido respeto a derechos humanos fundamentales y que no se puede aplicar un tratamiento seudopenal a personas que no han cometido delito alguno.

Que sea una autoridad administrativa y no judicial quien pueda ordenar el internamiento, que éste pueda incluso ejecutarse en un centro penitenciario, que menores no acompañados puedan ser retenidos en centros de internamiento y expulsados, y por último el plazo máximo de los 18 meses de internamiento, son, entre otros, elementos que no justifican tanta satisfacción en los Gobiernos europeos. Si este es el primer paso hacia una política de inmigración común, es un mal paso. Pero nos equivocaríamos si pensásemos, como siempre que hablamos de inmigración, que esto sólo afecta a los inmigrantes. Todos hemos de sentirnos concernidos cuando se aprueba una regulación restrictiva en materia de derechos, se dirija al colectivo que se dirija.

UGT no pot acceptar com argument que determinats països de la Unió tenen una regulació encara més lesiva en matèria de drets. Porquè per a nosaltres, sempre ha de ser el exemple dels més garantistas amb els drets el quals ha de ser pres com a referència. Cap Estat membre pot, per altra banda, justificar-se assenyelant que la Directiva no obliga a endurir legislacions més garantistas. Si la manera que un Estat tracta als inmigrants dóna una mesura de la seva democràcia, difícilment pot avui sentir-se algú satisfet. En matèria d' inmigració és l' únic àmbit on s' admiteix sinse cap rubor donar o retrocedir en drets, en funció, principalment d' interessos econòmics o polítics dels països.

Fins i tot des de el punt de vista pràctic, tenim que preguntar-nos perquè  tanta autocomplacencia en los Estados Miembros cuando la Directiva deja sin resolver lo que ocurre con una persona que tras el periodo máximo de internamiento, no es identificada y por lo tanto no puede ser retornada. Tantes reculades en drets per deixar sense resoldre la situació dels inexpulsables, és un indicatiu de que aquesta Directiva s' ha construït mes per mandar un missatge a l' opinió pública europea que per donar solucions efectivas. Un missatge per altre banda, que reitera la culpabilització dels inmigrants i eludeix l' efecte cridada que segueix suposant per a l' inmigració irregular l' economia submergida i la responsabilitat de qui es lucran a costa dels estrangers no comunitaris sense autorització.

UGT veu amb preocupació que finalmente el Parlament Europeu pugui avalar una Directiva lesiva amb els drets de les persones. Per a defensar i fomentar la migració regular, no és necessari, ni asumible en una Europa que també ha d' esser i sobre tot de drets a més d' Unió econòmica, que instaurems un règim dudosament compatible amb el respecte a drets humans fonamentals.

 
 

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