Representantes sindicales y una nutrida representación de los operarios denunciaron este martes en la sede de UGT en Maó el escaso margen de maniobra que les ha dejado la constructora, que, acogiéndose a la nueva reforma laboral, ha alegado un año de pérdidas económicas y se ha desvinculado de algunos proyectos en marcha para justificar el cierre. Los trabajadores, que atraviesan graves problemas económicos, se han visto obligados a aceptar un acuerdo que implica cobrar una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de doce, pero, que al menos, les permitirá acudir al paro. Escaso rédito para muchos de los empleados que llevan más de 20 años vinculados a Edificaciones Ramos y que se enfrentan a un mercado laboral prácticamente estancado en el sector de la construcción.
Sus rostros son el reflejo de la desesperación y sus palabras evidencian el enfado y la indignación. Aunque en un primer momento estaban dispuestos a luchar por sus derechos, los trabajadores de la empresa Edificaciones Ramos se han visto obligados a aceptar el expediente de regulación de empleo para el cierre total de la constructora que el propietario, Gabriel Ramos, les presentó el pasado día 13.
“No queríamos aceptar esta medida porque sabemos que el señor Ramos tiene dinero y patrimonio pero nuestra precaria situación económica no nos permite prolongar este proceso durante más tiempo”, señaló ayer Juan Carlos Jiménez, uno de los delegados sindicales de la empresa. “No tenemos ningún ingreso y los bancos, que en tiempos de bonanza nos abrían las puertas, ahora nos amenazan con embargarnos y con subirnos los intereses”, lamentó.
Así las cosas, los 22 trabajadores fijos de Edificaciones Ramos reclamaron agilidad a la Conselleria de Trabajo a la hora de aprobar el ERE que se entregará próximamente (actualmente se encuentra en periodo de consulta). En este sentido, el secretario general de UGT, Servando Pereira, aclaró que la tramitación del procedimiento puede prolongarse hasta tres meses.
Actualización: El Govern debe dos millones de euros a la constructora
Desde UGT se reveló asimismo que el Govern debe dos millones de euros a la constructora, una cantidad que, aunque seguramente no evitaría el cierre, «quizá permitiría que los trabajadores cobrasen». Sin embargo, los empleados de la empresa denunciaron que Gabriel Ramos, propietario de la constructora, ostenta un gran patrimonio y solicitaron al Govern «que se mire con lupa» el proceso.
Reforma laboral
Los trabajadores hicieron hincapié en el hecho de que el propietario de la constructora se ha visto beneficiado por la nueva reforma laboral, que permite presentar un ERE alegando un año de pérdidas económicas.
Asimismo, el procedimiento presentado por Edificaciones Ramos establece indemnizaciones de 20 días por año trabajado por un máximo de 12 años, a pesar de que hay operarios que llevan 25 años trabajando para la constructora. No obstante, los trabajadores admitieron ayer que no tienen esperanzas de cobrar las compensaciones correspondientes ni las nóminas atrasadas a corto plazo.
“Algunas personas que han dejado toda su vida por esta empresa se irán con dos duros a casa y sin posibilidades de volver a trabajar en el sector de la construcción”, matizó Jiménez, quien añadió que “hoy nos ha pasado a nosotros, mañana le puede pasar a cualquier otra empresa de la Isla”.