“Que cierre esto”. Con esta frase resumió ayer uno de los 24 trabajadores que aún se mantienen en la empresa Edificaciones Estaló el sentir de una plantilla que, en el día a día, se encuentra en la situación de que “no hay ni para poner gasolina a las furgonetas” y dirigirse a las obras que aún tienen en marcha. Los empleados, junto con los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras (CCOO), Servando Pereira y Patricio Serra respectivamente, reprocharon ayer al empresario Carlos Sintes Coll haber ocultado que se iba a recurrir al concurso de acreedores -instado el pasado día 18-, y de haber mantenido una actitud nada beneficiosa para sus trabajadores. “Si no fuera por la gestoría de la empresa no tendríamos ninguna documentación, ni los contratos ni las últimas doce nóminas, mantuvimos una reunión con él y parecía que todo iba a ir bien, pero se nos tomó el pelo”, lamentó el secretario general de UGT, Servando Pereira, quien añadió que “nos consta que se ha ido de vacaciones -en alusión a Sintes-, teniendo lo que tiene encima”. Sólo tres días antes de instarse el concurso, en un acto celebrado en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (TAMIB), “se hablaba aún de un expediente de regulación de empleo”, afirmaron los sindicalistas.
Con la presencia de buena parte de los trabajadores de la constructora, los representantes sindicales narraron como en una reunión mantenida hace a penas dos semanas, Sintes mostró la voluntad de dar facilidades a sus empleados para poder desvincularse de la empresa y que pudiesen empezar a cobrar el paro, sin embargo, «no nos dijo nada de que se había solicitado ya un proceso concursal para que un administrador se hiciera cargo de la empresa».
El resultado es penoso para los trabajadores, que deberán esperar a la intervención de un juez para saber cuánto y cuándo podrán cobrar, alargando un proceso que agrava su paupérrima situación económica. 24 de ellos deberán seguir acudiendo a las obras que la empresa tiene en marcha con la absoluta certeza de que no cobrarán, como les ha ocurrido desde agosto, y otros alrededor de 15 tienen pendiente la liquidación después de haber sido echados en los últimos meses. En total, unas 40 familias en vilo y deseando empezar a percibir subsidio.
En estos momentos, cuando se va a cumplir el tercer mes, octubre, sin que la plantilla cobre las nóminas, los sindicatos han solicitado ya ante el Juzgado de lo Mercantil la extinción de la relación laboral de los empleados con Estaló, para que puedan solicitar la prestación por desempleo mientras se resuelve el concurso, aunque la decisión del juez puede tardar, como mínimo un mes más, el cuarto sin ingresos en estos hogares, advirtieron Pereira. Asimismo, los representantes de UGT y CCOO prevén reunirse en breve con el administrador concursal, Juan Manuel Casasnovas, “para que nos diga cuál es la situación de la empresa”.
Según la información ofrecida ayer por los propios trabajadores, que desconocen cuál es la deuda total que ha ahogado a la constructora, hace ya dos años que la plantilla “aguanta, cobrando tarde” y no confían en que la empresa se pueda reflotar, ya que sólo en una obra tiene un impago que ronda el millón de euros. Edificaciones Estaló mantiene dos obras propias, una en la calle San Manuel y otra en la finca Morella Vell, ambas en Maó. La semana pasada la firma acabó su trabajo como subcontrata en la obra del centro penitenciario.
Estaló, una de las empresas veteranas del sector insular de la construcción, trabajaba en obra privada y no tanto pública, como es el caso de Edificaciones Ramos.