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Comunicació, 16/05/2013
UGT pide al Govern que no use como “cabeza de turco” a los sanitarios por la muerte de Alpha Pam
La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) exige a la Consellería de Salud que no utilice como “cabeza de turco” al personal sanitario del Hospital de Inca por la muerte de Alpha Pan, el inmigrante sin tarjeta sanitaria que falleció debido a una tuberculosis no tratada.
 
Para la organización sindical, la investigación iniciada por la Consellería para depurar responsabilidades sobre el cumplimiento del protocolo en la atención sanitaria a los inmigrantes “pasará por alto cualquier tipo de responsabilidad derivada de la decisión política de aplicar medidas de ahorro en el sistema sanitario público”, entre las que se incluye la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
 
“La Consellería, posiblemente, buscará indicios de culpabilidad en la actuación de alguno de los profesionales del Hospital de Inca relacionados en esta muerte concreta, cuando es evidentemente escandalosa la falta de coordinación entre los responsables políticos de una medida injusta e insolidaria y los profesionales encargados de aplicarla, sin información ni directrices claras al respecto”, afirma la FSP-UGT
 
Las declaraciones del Conseller de Salut, Martí Sansaloni, en las que negaba rotundamente el cobro en las urgencias a inmigrantes, para posteriormente ordenar la devolución de facturas "cobradas indebidamente", son para el sindicato, “un  ejemplo del caos de una situación que ha sido denunciada en innumerables ocasiones por los profesionales de la sanidad pública”.
 
La introducción, en el Decreto 16/2012, de la condición de "asegurado" para acceder a la atención sanitaria en España representa un cambio de modelo ideológico que convierte al usuario de la sanidad pública en “cliente” además de paciente.
 
Esta modificación expulsa del sistema sanitario a los “sin papeles” y acorrala a un colectivo que por su situación irregular y por la falta de medios económicos puede suponer un grave problema de salud pública, como se ha demostrado en este caso, con otros 22 afectados por tuberculosis en Baleares.
 
La limitación de la atención gratuita a los inmigrantes únicamente en determinadas situaciones, como las urgencias y enfermedades graves o infecciosas, convierte a los trabajadores del ámbito sanitario público en “rehenes de una decisión política”.
 
La función del médico es diagnosticar, tratar y curar, por tanto no es responsable de la decisión administrativa de cobrar la atención sanitaria al usuario, su responsabilidad en este caso sería establecer un diagnóstico, tras la visita médica y la realización de las correspondientes pruebas complementarias, mientras que en el caso del personal administrativo, no tienen capacidad para establecer la gravedad del usuario, y por tanto, la gratuidad de esa visita médica o las pruebas con las que se realiza un diagnóstico de gravedad, la solución pasa por presentar previamente un compromiso de pago que resulta imposible asumir sin recursos económicos.
 
Es evidente que cualquier patología grave se inicia con síntomas leves, cuando su tratamiento es más fácil, barato y eficaz, pero si no dispones de recursos económicos para costear la visita médica y las pruebas complementarias los síntomas y el diagnóstico se agravan con el tiempo hasta el momento en que la patología y el tratamiento resulten potencialmente mucho más caros, gratuitos entonces para el afectado por su gravedad, pero a costa de poner en riesgo su salud o la de sus allegados.
 
El calificativo de “caso excepcional” que Sansaloni concede a este caso concreto se podría aplicar a otros muchos, si no fuera por la dedicación y la solidaridad de los profesionales de la sanidad pública, muchos de los cuales atienden en su tiempo libre a los pacientes "sin derecho a la asistencia" y sin recursos económicos.
 
“Los responsables  políticos deberían tomar buena nota de esta solidaridad. Esta desgraciada y lamentable muerte se hubiese podido evitar, y si el Govern no rectifica su política con respecto a la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular será cuestión de tiempo la aparición de nuevos casos, y ni un colectivo tan desfavorecido ni los profesionales de la sanidad pública de Baleares se merecen esta situación”, concluye FSP-UGT.
 
 
 
 

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