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Comunicació, 21/05/2013
La privatización de los Registros Civiles puede implicar la supresión de 50 puestos de trabajo en Balears
La FSP-UGT ha recogido hoy firmas en la plaza de España contra la privatización de los Registros Civiles
dentro.JPGEl sindicato de Justicia de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) teme que la privatización de los Registros Civiles que planea el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, conlleve la eliminación de 50 puestos de trabajo en la Administración de Justicia de Baleares de los 3.000 en el conjunto de España y la desaparición de los Juzgados de Paz en los pueblos del archipiélago.
 
La organización sindical advierte de que si se permite que sean los registradores de la propiedad los que realicen las funciones de los Registros Civiles, los ciudadanos tendrán que comenzar a pagar por unos servicios que hasta ahora eran gratuitos porque se sufragaban a través de impuestos.
 
En concreto, UGT calcula que con la privatización de los registros públicos las partidas de nacimiento, matrimonio o defunción costarán entre 20 y 30 euros.
 
Por todo ello, el sindicato de Justicia de la FSP-UGT en Baleares se ha sumado a una campaña nacional de recogida de firmas, entre los trabajadores de justicia y la ciudadanía en general, que hoy ha llegado a la plaza de España de Palma, para intentar evitar el inicio de la privatización de los servicios de justicia en España.
 
Asimismo, la FSP-UGT denuncia que la privatización de los Registros Civiles no implicará ningún tipo de ahorro ya que los funcionarios que trabajan en los registros continuarán en los juzgados y que los que se beneficiarán serán los alrededor de 800 registradores de la propiedad que hay en España.
 
“Estos 800 registradores se repartirían 180 millones de euros más al año, mientras que en el resto de Europa son asalariados del Estado”, subraya la FSP-UGT.
 
Añade que esta privatización se producirá después de que se hayan gastado unos 128 millones de euros públicos en la modernización de los Registro Civiles, por lo que esta inversión pública sería aprovechada por una gestión privada sin ningún tipo de coste para los registradores de la propiedad.
 
 

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