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Comunicació, 26/05/2017
UGT denuncia que el recorte en la financiación pública de Correos pone en peligro 250 empleos en Baleares
UGT ha denunciado este viernes que el recorte en la financiación pública de Correos prevista en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado pone en peligro unos 250 puestos de trabajo en Baleares y ocasionará un déficit del servicio postal en núcleos rurales y urbanizaciones.
 
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado contempla destinar 120 millones de euros a Correos, una cifra que supone un recorte de 60 millones respecto a las cuentas de años anteriores y que a
UGT le parece “totalmente insuficiente” para garantizar el derecho del conjunto de la ciudadanía  a un servicio postal público.
 
La responsable de UGT en Correos, Eladia García, ha advertido de que este recorte presupuestario implicará además de la precarización en el empleo, el cierre de oficinas en Baleares y la reducción de horarios de atención al público.
 
Los entornos rurales y urbanizaciones de las zonas costeras del archipiélago son los lugares en los que empeorará el servicio postal de Correos.
 
“Habrá aún más ciudadanos que tendrán que desplazarse varios kilómetros para poder recoger su correo y se ampliará el número de domicilios a los que no se les entregarán las cartas cinco días a la semana”, ha detallado García.
 
Para intentar evitar la merma de la calidad del servicio público postal en el conjunto del Estado, UGT, CCOO, CSIF y Sindicato Libre han trasladado a los grupos parlamentarios diferentes iniciativas para rescatar la financiación de Correos.
 
Los sindicatos han avisado de que no descartan convocar una huelga en Correos si finalmente no se rectifica el recorte de un tercio de la financiación pública que el Ministerio de Fomento tiene previsto para la cobertura del denominado “servicio postal universal”.
 
García ha insistido en que la Ley de servicio postal universal obliga al Estado a garantizar un servicio postal público al conjunto de la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia, y ha pedido que se apruebe el reglamento que debe desarrollar una ley que lleva más de seis años en vigor.
 
“Se necesita con urgencia realizar un plan de prestación del servicio postal universal con una dotación presupuestaria suficiente para ofrecer un servicio público de calidad al conjunto de la ciudadanía”, ha concluido García.
 
 

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