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Comunicació, 23/04/2013
Declarado nulo otro despido en las empresas públicas
UGT confía en que la justicia siga dando la razón al sindicato y finalmente declare ilegal el conjunto de despidos realizados por el Govern

El Juzgado de lo Social nº 1 de Eivissa ha estimado una demanda interpuesta por los servicios jurídicos de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) y ha declarado nulo el despido de una empleada del Instituto de Biología Animal de Balears (IBABSA) que llevaba más de 26 años trabajando en la empresa pública dependiente de la Consellería de Medio Ambiente y Territorio.
 
La sentencia emitida el pasado once de marzo obliga al Govern a readmitir a la afiliada de UGT en su puesto de técnico medio administrativo del área de producción animal del IBABSA en Eivissa y a abonarle 96,32 euros diarios desde la fecha en que fue despedida hasta su readmisión. En este momento, la cifra total supera los 27.000 euros.
 
El Juzgado argumenta que declara nulo este despido de una trabajadora “indefinida no fija” porque formaba parte de un proceso colectivo y no individual llevado a cabo por el IBABSA al que se debería haber aplicado el artículo 51 y 52c del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, se tendría que haber realizado un ERE negociado con la representación legal de los trabajadores y haber indemnizado al personal despedido, tal y como defendió el comité de empresa del IBABSA ante el Consejo de Administración de la empresa pública.
 
La FSP-UGT defiende que las diferentes sentencias emitidas por los Juzgados Sociales que anulan diversos despidos en las empresas públicas, así como la reciente resolución de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) sobre un despido en la Agencia de Turismo de Baleares avalan su tesis de que el proceso de restructuración del sector público realizado por el Govern es “ilegal”.
 
En este sentido, la organización sindical considera “errónea y sesgada” la afirmación del Ejecutivo autonómico de que tan solo 131 personas han interpuesto demandas contra su despido, ya que ha obviado la demanda contencioso-administrativa de la FSP-UGT admitida a trámite por el TSJB contra la totalidad del proceso de reestructuración del sector público del archipiélago.
 
El Govern no puede minimizar el problema que ha creado porque si el TSJB nos da la razón pueden ser declarados nulos los más de 600 despidos realizados en el sector público por vulneración del derecho a la negociación colectiva, por la ausencia de un plan de acción social de acompañamiento que reduzca el impacto de las medidas y por la falta de transparencia y objetividad con la que se han realizado estos despidos”, ha subrayado la FSP-UGT.
 
Ha añadido que espera que el TSJB comparta su planteamiento sobre el “fraude de ley” con el que se ha llevado a cabo la restructuración del sector público y ha vuelto a instar al Govern a no vulnerar derechos fundamentales con la excusa del cumplimiento del déficit y a reconducir la situación hacia la negociación con los sindicatos de todo aquello que tenga que ver con los derechos de los trabajadores y la calidad de los servicios públicos.
 
 

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