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Comunicació , 25/03/2013
UGT demanda al Govern por los despidos en las empresas públicas
Denuncia prestamismo laboral entre empresas y designación de nuevos directivos
La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha formalizado una demanda contencioso-administrativa contra el Govern ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) por los 600 despidos realizados en las empresas públicas.
 
La demanda es el paso siguiente al recurso interpuesto por la FSP-UGT que fue admitido a trámite en 2012 por el TSJB y que ha tardado en formalizarse porque el Ejecutivo autonómico no ha atendido la petición judicial de aportar la documentación sobre el número de trabajadores que se han quedado en la calle y los criterios por los que han sido despedidos.
 
La FSP-UGT espera que la justicia declare nulo o improcedente el conjunto de despidos en las empresas públicas, al entender que se trata de un proceso colectivo no negociado con los representantes de los trabajadores.
 
“El Govern ha realizado un ejercicio de ingeniería laboral para que el número de despidos por empresa no alcanzara el mínimo legal establecido para considerarlo despido colectivo, así ha evitado el derecho a la negociación colectiva”, ha afirmado en rueda de prensa el secretario de Acción Sindical de la FSP-UGT, Miguel Ángel Romero.
 
Romero ha defendido que los empleados despedidos son personal laboral de la administración por lo que deberían haber recibido una indemnización al terminar su relación laboral.
 
De hecho, 5 despidos en las empresas públicas, cuya demanda ha sido interpuesta por la FSP-UGT, han sido declarados nulos o improcedentes por juzgados de lo social. Aún se desconoce el resultado de las otras 20 demandas individuales que ha llevado la FSP-UGT.   
 
“A los empleados con un despido considerado nulo, la administración tendrá que pagarles los salarios de tramitación, el salario que tendrían que haber cobrado de haber continuado en su puesto ”, ha aclarado el responsable de empresas públicas de la FSP-UGT, Jorge Rivas, quién ha denunciado que existe "prestamismo laboral" entre empresas públicas y que se siguen designando cargos directivos mientras se despiden trabajadores públicos.  
 
Rivas ha informado de que el Juzgado Social número 2 ha decidido no pronunciarse sobre las demandas individuales de despidos en las empresas públicas hasta que no haya un fallo del TSJB al respecto.
 
Asimismo, la FSP-UGT exigirá responsabilidades políticas si finalmente el TSJB les da la razón porque “el coste económico previsto aumentará al tener que pagar con dinero público los salarios de tramitación y las indemnizaciones por despido improcedente”.
 
En este sentido, la FSP-UGT ha criticado que el Govern gastará aún más dinero de todos los ciudadanos si continúa con su decisión de apelar hasta el Tribunal Supremo para defender la manera en que ha despedido al personal de las empresas públicas, algunos con treinta años de antigüedad.
 
Para la organización sindical, detrás de estos despidos está el "interés por privatizar del president Bauzá y su equipo de gobierno, ya que han hecho nuevos contratos para asumir las tareas que realizaban algunos de los trabajadores despedidos".
 
La FSP-UGT considera que se ha podido realizar una “criba política” entre los trabajadores de las empresas públicas porque el Govern balear “no ha detallado qué criterios ha seguido a la hora de despedir a sus empleados".
 
Por su parte, el secretario general de la FSP-UGT, Aurelio Martínez, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico, dos años después de comenzar la reestructuración de las empresas públicas, aún no sepa cuál será su futuro ni el número de trabajadores que tendrá.
 
Martínez ha asegurado que la FSP-UGT no se opone a una reorganización de las empresas públicas si se realiza de una manera ordenada y con criterios legales, no de la forma en que se está haciendo.
 
 

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