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Comunicació, 28/09/2015
Arranca la recogida de firmas para una prestación de ingresos mínimos
La prestación está dirigida a personas en riesgo de pobreza

CCOO y UGT  han iniciado hoy en Baleares el proceso de recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que pretende conseguir la implantación de una prestación de ingresos mínimos de unos 426 euros mensuales dirigida a personas en riesgo de pobreza, y que podría beneficiar en Baleares a unas 35.000 personas.

 
El secretario general de UGT, Alejandro Texías, y la de CCOO, Katiana Vicens, han estampado su firma durante una rueda de prensa en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de instaurar esta nueva ayuda en todo el Estado debido a la falta de protección social que tiene la clase trabajadora víctima de la crisis.
 
Es de ley corregir la pobreza, que se rescate a la personas y se combata la desigualdad y la exclusión social que ha generado la crisis económica”, ha afirmado Texías, quien ha lamentado que las prestaciones sociales actuales son “insuficientes” y “no llegan a todas las familias que las necesitan”.
 
La prestación se configuraría como un derecho subjetivo de las personas entre 18 y 64 años que están paradas, que lleven un año inscritas como demandantes de empleo y que no tengan una renta personal superior a 5.837 euros anuales.
 
Para la secretaria de Participación Sindical e Institucional, Ana Landero, esta prestación es “imprescindible” por el enorme peso que tiene la contratación precaria en la creación de empleo con contratos temporales de pocas horas y escasa duración que no dan derecho actualmente a prestación.
 
Los beneficiarios recibirían esta ayuda de manera indefinida mientras mantuvieran las condiciones que les dieron derecho a cobrarla y la cuantía de 426 euros podría aumentar según el número de personas que componen la unidad familiar.
 
UGT y CCOO consideran que el coste de la prestación de ingresos mínimos se puede asumir si hay voluntad política para ayudar a los castigados por la crisis, ya que tendría un coste anual de 11.000 millones de euros, un 1% del Producto Interior Bruto. La prestación se financiaría a través de los Presupuestos Generales del Estado y estaría vinculada a la Seguridad Social.
 
UGT y CCOO quieren que esta propuesta de ley sea de las primeras que debata el Parlamento la próxima legislatura, tras las elecciones generales, porque estiman que corregir la desigualdad y la pobreza que sufre la clase trabajadora deber ser una prioridad.
 
 

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