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Comunicació , 08/02/2013
UGT teme que el Govern privatice la Oficina de Transparencia y Evaluación Pública
La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha presentado alegaciones  al borrador del anteproyecto de ley de modificación de la Ley de la Buena Administración y Buen Gobierno para intentar evitar que la futura Oficina de Transparencia y Evaluación Pública pueda ser privatizada.
 
Para la FSP-UGT, los cambios planteados por el Govern en la Ley de la Buena Administración y Buen Gobierno abren la puerta a que la Oficina de Transparencia y Evaluación Pública se externalice o se privatice, algo que no garantizaría que esta oficina velara por la buena gestión y el control del registro de intereses y de patrimonio de los altos cargos.
 
Las modificaciones a la norma que quiere incluir el Ejecutivo autonómico tampoco garantizan que la persona designada como responsable de la Oficina de Transparencia y Evaluación deba ser empleado o empleada pública.
 
“Estas variaciones se alejan de la objetividad e independencia que requiere un puesto de esta naturaleza”, ha señalado la FSP-UGT.
 
A juicio de la organización sindical, que ha remitido sus alegaciones a todos los grupos parlamentarios y diputados no adscritos, el proceso de designación de la persona responsable de la Oficina de Transparencia que se propone ahora es “menos garantista” y hace más fácil el “control y la influencia política”.
 
Además, el nuevo redactado deja de señalar que al personal que trabaje para la Oficina de Transparencia y Evaluación Pública se le tenga que aplicar el Estatuto Básico del Empleado Público, como sí aparece en la actual Ley de Buen Gobierno.
 
En este sentido, la FSP-UGT señala que la aplicación del Estatuto Básico de Empleado Público tanto al director o directora de la Oficina de Transparencia y Evaluación Pública como a su personal garantizaría que trabajaran bajo una serie de deberes y obligaciones encaminados  al “interés general, la imparcialidad, la independencia y la neutralidad”.
 
“Con estos principios rectores de actuación, que tienen rango legal en el Estatuto Básico del Empleado Público, queda más protegida la defensa del interés general y la lucha contra la corrupción, la arbitrariedad y el abuso de poder”, ha destacado la Federación de Servicios Públicos de UGT, que ha reiterado que las funciones del ente “no pueden caer en manos privadas”.     
 
 

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