Palma, 3 de septiembre de 2011 La mayoría de los sindicatos de las Islas consideran “injusto, inconveniente e innecesario” modificar la Constitución española para regular el déficit de las cuentas públicas. “Es antidemocrático que los mercados provoquen una reforma constitucional sin la consulta a la ciudadanía mediante un referéndum”, han subrayado CCOO, UGT, USO y STEI-i.
Estas organizaciones sindicales han convocado para el próximo martes a las siete de la tarde una cadena humana entre las sedes palmesanas del PP y del PSOE y que se iniciará en la plaza de Cort. Este acto se enmarca dentro de las protestas nacionales en contra de la reforma de la Constitución que se desarrollarán el 6 de septiembre, un día antes de que el Senado vote la modificación de la Carta Magna aprobada el viernes por el Congreso.
Los sindicatos convocantes han hecho un llamamiento unitario a la participación ciudadana por considerar un “atropello antidemocrático” la reforma del texto constitucional, sin posibilidad de referéndum y sin antes haber hecho modificaciones en las figuras tributarias que hagan aumentar las aportaciones fiscales de las rentas más altas.
“Apostamos por la necesidad de sanear las cuentas públicas españolas y para lograrlo, es necesario realizar reformas con el objetivo de mejorar el uso de los recursos públicos mediante la eliminación de gastos superfluos y reducir duplicidades entre administraciones”, han explicado.
En este sentido, apuntan, entre otras, como posibles medidas, “la lucha efectiva contra el fraude fiscal, la eliminación de los paraísos fiscales, la implantación de los anteriores impuestos sobre patrimonio y sobre sucesiones y donaciones, y modificaciones en el sistema de estimación objetiva de las rentas de actividades económicas dentro del IRPF”.
Las centrales organizadoras de la cadena humana sostienen que la racionalización del gasto y los mayores ingresos junto con la reactivación económica permitirían mantener los actuales niveles de los servicios públicos de educación y sanidad, así como las políticas de protección a las personas en peor situación (desempleados y jubilados).