El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) contra el recorte salarial del 2% a las 38.000 personas que aproximadamente trabajan para la comunidad autónoma.

El recorte del salario del personal público de Baleares se materializó tras el acuerdo del Consell de Govern del pasado 7 de agosto, cuando se aprueba el incremento del 2% de las retribuciones básicas, sueldo base y trienios, pero a la vez se reducen en ese mismo porcentaje las retribuciones complementarias, que están vinculadas al puesto de trabajo y categoría, y sobre las que tiene competencia el Govern balear.

FeSP-UGT considera que la medida impuesta por el Ejecutivo autonómico “incumple los principios de buena fe y seguridad jurídica” y que, por tanto, “se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva”.

La organización sindical insiste en que el personal público de Baleares es al único de todo el Estado al que no se le ha actualizado el salario un 2% en 2020, tal y como estaba acordado con las fuerzas sindicales y se contemplaba en los Presupuestos Generales del Estado de este año.

El recurso de FeSP-UGT no hace mención al segundo recorte que quiere implantar el Govern balear sobre su personal público, el del 0,9% para el próximo año, porque aún no hay norma ni acto administrativo concreto contra el que actuar jurídicamente.

Frente a la decisión del Gobierno central de incluir en el proyecto de los Presupuestos para 2021 una actualización salarial del 0,9% para el personal público, el Ejecutivo autonómico, tras limitarse a informar a las fuerzas sindicales de que no la aplicaría en la reunión de la mesa del pasado 30 de octubre, ha incluido este segundo recorte en el proyecto de las cuentas de la comunidad autónoma.

“De esta forma, el Govern balear ha decidido de manera unilateral recortar un 2,9% el salario a los trabajadores y trabajadoras de la Administración balear”, ha lamentado FeSP-UGT.

La central sindical ha calculado que el recorte del 2% supone de media unos 1.000 euros anuales a cada trabajador público de la comunidad en 2020, a lo que habría que sumar unos 475 euros por la rebaja del 0,9% planeada para 2021.

“Quieren incautar de media unos 1.500 euros a cada uno de los 38.000 trabajadores dependientes del Govern balear”, se queja FeSP-UGT, que ha insistido en pedir una negociación al Ejecutivo de Francina Armengol para establecer un calendario de pago de obligado cumplimiento cuando la situación económica de la comunidad mejore.

Mientras, las movilizaciones contra los recortes salariales del personal público continuarán el próximo lunes, día 23, con una concentración a las puertas del Hospital de Son Espases, y a la semana siguiente,el lunes 30 de novimebte, la protesta se trasladará a la Conselleria de Educación.

FeSP-UGT emplaza al Govern balear a convocar la Mesa general de Empleados Públicos para “reconducir la situación” y “poder llegar a un entendimiento” que evite los recortes salariales del personal público de la comunidad autónoma.

“FeSP-UGT ha demostrado en los momentos complicados que se puede conjugar el interés general con el respeto a los derechos de los servidores públicos, pero nunca aceptará decisiones unilaterales de un gobierno, sea del color que sea, que no de voz a los interlocutores sociales”, ha concluido.