UGT ha puesto en marcha en Baleares las campaña ‘Pensionista, reclama. Es de justicia, es tu derecho’ para que jubilados a los que se les aplicó el coeficiente reductor por haber trabajado a tiempo parcial reclamen a la Seguridad Social un nuevo cálculo de su paga.

La Seguridad Social no está aplicando este recorte en los días cotizados desde el 12 de agosto, fecha de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara nulo el coeficiente de parcialidad por discriminatorio por razón de sexo, al ser las mujeres las que copan las jornadas parciales.

Para la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT, Xisca Garí, la sentencia se queda “corta” al no permitir la retroactividad y solo afectar a las nuevas jubilaciones o a las que aún no son firmes.

En Baleares hay 590 expedientes no firmes, en el periodo de febrero a agosto, que corresponden a personas que han trabajado a tiempo parcial en algún momento de su vida. De ellos, unos 290 se podrán beneficiar de la nueva fórmula cálculo.

El sindicato ha animado a las personas jubiladas a reclamar porque a su juicio la sentencia del TC contradice la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece “la no limitación temporal” de los derechos de las personas afectadas por alguna discriminación.

“No es justo que a las personas jubiladas se les haya castigado en su vejez con un recorte de su pensión por haber trabajado a tiempo parcial”, ha señalado Garí, quien ha subrayado que las más perjudicadas son las mujeres por sufrir una doble brecha de género: la salarial y la de las pensiones.

La nueva regulación supone un incremento importante en las pensiones. Como ejemplo teórico, una persona con 20 años de cotización con una jornada parcial del 50% y una base media de cotización de 700 euros cobraría una pensión de 429,8 euros con el nuevo cálculo, frente a los 350 euros del anterior.

Los efectos de la sentencia del TC van a tener una importante repercusión entre los sectores feminizados con salarios más bajos: dependencia, limpieza, sector servicios, etc. No afectará, sin embargo, a las jornadas parciales superiores al 67% de una jornada completa ni a la mayoría de las que se elevan para que lleguen a la pensión mínima.

Así, el sindicato va a poner sus servicios jurídicos a disposición de las personas jubiladas que quieran reclamar primero ante la Seguridad Social, y como posiblemente se les negará la revisión, después ante la Justicia.

Garí ha insistido en que el sindicato no solo pide que se recalculen las pensiones actuales sino que también se reclamen los retrasos de cuatro atrás, periodo que se suele aplicar por norma general.

Ha considerado que el nuevo Gobierno debería promover un nuevo marco normativo para que se revisaran todas las pensiones afectadas por el coeficiente reductor de parcialidad.

“El nuevo Gobierno tiene la obligación de corregir la precariedad que perpetúa el propio sistema y lo debe hacer con perspectiva de género”, ha concluido Garí.