El Juzgado contencioso administrativo número 2 de Palma ha dado la razón a UGT Servicios Públicos y ha declarado contrario a derecho el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Pollença de noviembre de 2019 por el que se modificaba la carrera profesional del personal del Consistorio.

La sentencia considera “ilegal” el acuerdo recurrido por la organización sindical y obliga al Ayuntamiento a reconocer al personal interino los mismos derechos por cómputo de servicios prestados y fechas de efecto que al personal fijo.