UGT Servicios Públicos ha exigido de nuevo el arreglo de la plataforma elevadora de la Jefatura Superior de Policía para que las personas con movilidad reducida no tengan dificultades de acceso a este edificio.

El pasado 13 de septiembre una mujer se cayó intentando subir los escalones después de que rehusara entrar a la Jefatura por la puerta del garaje, donde había una gran cantidad de personas migrantes que habían llegado a la Isla en patera.

La plataforma elevadora lleva años fuera de servicio por avería, lo que impide que las personas con problemas de movilidad puedan acceder de forma segura y digna. Personas mayores, con discapacidad o con bebés se ven impotentes ante la escalera.

Por el momento, no ha habido ningún intento de solucionar esta vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, a pesar de las múltiples denuncias de UGT Servicios Públicos, que hace tiempo elevó la queja a Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Palma y la Conselleria de Movilidad y Vivienda.

Después de más de 27 años desde la aprobación de la primera Ley de Accesibilidad, el personal de la Administración General del Estado (AGE) de la Jefatura sigue ayudando a las personas con movilidad reducida a su entrada y salida del edificio, en un intento de paliar esta intolerable situación.

La expedición del DNI, pasaporte o la interposición de denuncias son servicios básicos para la ciudadanía que deben poder ser ejercidos con autonomía y sin discriminación.

Los representantes de UGT han expuesto en numerosas ocasiones los problemas de accesibilidad del edificio de la Policía Nacional en el Comité de Seguridad y Salud, y al recibir una respuesta fría se ha trasladado, sin resultado, la queja al ámbito central.

UGT Servicios Públicos lamenta el escaso valor que la Dirección General de Policía da a la discapacidad y a la legislación que obliga a que un edifico de oficinas de atención al público cuente con medidas para garantizar la atención a personas con movilidad restringida.

La organización sindical añade que la Jefatura Superior de Policía lleva años dificultando la igualdad, la plenitud y los derechos sociales de las personas con movilidad reducida.

Los derechos de estas personas están reconocidos en la Constitución, el Estatuto de autonomía, la Ley balear de accesibilidad universal de 2017, el Código técnico de la edificación y el Real Decreto de 2007 de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad en la AGE.

A juicio del sindicato, este asunto es uno más de los incumplimientos de la normativa preventiva y de seguridad que presenta el edificio de la Policía Nacional en Palma.